[Publicación de Emilio Alvarado] |
| El subdelegado del gobierno, el imputado Sánchez-Seco, multa a los guadalajareños que se encerraron en el BBVA para evitar el desahucio de una anciana |
Tuvo que sentenciar el Tribunal de Luxemburgo para decirnos una obviedad: que la legislación hipotecaria española es un compendio de abusos contra el hipotecado, que queda desarmado y cautivo cuando firma un préstamo, a merced de la voluntad del prestamista o usurero, condenado a ser lanzado al menor incumplimiento por su parte a la calle o al vacío, según lo haga por la puerta acompañado del secretario judicial o en solitario por la ventana de lo que un día fue su casa.
Ha venido Europa a decirnos que somos un fósil jurídico por
mantener una concepción del cliente (que eso es quien firma una
hipoteca, un cliente-consumidor) de tipo romano. Cliente como vasallo
del patricio, que eso son los bancos, privilegiados; cliente como
adorador de su señor, cliente a la romana listo para ser devorado en
la arena de la deuda. ¡Ay Viriato, que dejaste las cabras por la
espada, qué desperdicio de vida, para qué sirvió tu martirio!
Las leyes hipotecarias españolas, que son leyes de los bancos, para
los bancos y por los bancos, determinan que los hipotecados pierdan
la casa pero no la hipoteca, deuda a la que se suman unos intereses
de demora escandalosos y el pago de las costas judiciales a abogados
sin entrañas que trabajan defendiendo a la chusma financiera.
Y decimos banca usurera quedándonos cortos (hay que forjar un
vocabulario nuevo para nombrar la crisis y todas sus aberraciones,
con el montante de palabras existente no basta), porque la misma
banca que desahucia recibe paletadas de millones de los
contribuyentes, esos mismos a los que arroja a la calle o que pagan
la factura del desfalco del ladrillo con recortes en sus derechos y
salarios.
Este es el panorama que sufrimos desde el inicio de la crisis,
evidente para el que quiera ver o para el que tenga algo de corazón,
pero negado mil veces por el bipartito y sus terminales mediáticas,
que hoy se desmorona porque cinco jueces de la sala primera del
Tribunal de Justicia de Luxemburgo así lo decretan.
Desde que se inició la crisis en el año 2008 se ha perfilado en
nuestro país un panorama aterrador: 400.000 ejecuciones
hipotecarias, 312 lanzamientos al día, 171.110 familias arrojadas a
la calle y con una deuda imprescriptible, numerosas iniciativas
parlamentarias de IU a favor del cambio de las leyes hipotecarias
tiradas a la basura por el PSOE y por el PP, partidos cómplices de
la extorsión bancaria, miles de actos de protesta de las plataformas
de desahuciados contra la sinvergonzonería y el atropello perpetrado
por bancos y cajas de ahorro, recogida millonaria de firmas a favor
de la iniciativa legislativa popular para reclamar la dación en
pago, presión social de la PAH para hacer visible el problema en
medios de comunicación y ante la opinión pública, persecución con
multas a los que ocupan las sedes de los bancos para reclamar un
trato justo (por ejemplo, en nuestra provincia unos ochenta
ciudadanos han sido sancionados en los últimos meses, a razón de
200 euros por cabeza, por el subdelegado del gobierno, el imputado
Sánchez-Seco, a la sazón también secretario general del PP de
Guadalajara, por haberse encerrado en una oficina del BBVA para
evitar el desahucio de una anciana), catorce suicidios reconocidos
por razones de desahucio, otros casos, incontables y nebulosos, de
suicidios frustrados y una cadena de sufrimientos inútiles que clama
a las estrellas.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo permite que los jueces
paralicen un proceso de desahucio cuando adviertan cláusulas
abusivas en los contratos hipotecarios (por ejemplo, que un solo
impago lance el proceso de ejecución, intereses de demora
estratosféricos, altas costas procesales que se cargan al lomo de
los desahuciados, ausencia de notificación a los avalistas o
fiadores sobre el inicio de un procedimiento de ejecución hasta que
la deuda se vuelve inasumible, cláusulas-suelo intolerables,
hipotecas multidivisas, swaps de intereses y demás
mandangas ideadas para sacarle los untos al acreedor), dándose el
caso de que personas ya desahuciadas puedan denunciar a la entidad
que las puso en la calle y pedir una indemnización por daños y
perjuicios.
Inquieta y mucho la recepción de esta sentencia por parte del
gobierno del PP y de la banca, por su fijación compartida en que hay
que buscar un equilibrio entre lo que dice la Directiva 93/13/CEE, de
5 de abril de 1993, y la seguridad jurídica, concepto este último
que debe sonar a los afectados por un desahucio a cántico de Salicio
y Nemoroso, porque lo que hay en pie en nuestro país es un tinglado
de completa inseguridad jurídica contra el consumidor, pagano final
de la especulación inmobiliaria. En cualquier caso, que no se le
haya caído la cara de vergüenza a ningún banquero o a algún
miembro del gobierno después de conocerse la sentencia es un síntoma
muy preocupante, que anuncia artimañas y gatos por liebre en asuntos
tales como la fijación de la lista de cláusulas abusivas o la
retroactividad de la norma, por ejemplo. Habrá que vigilar, por
tanto, el trámite parlamentario de reforma de las leyes hipotecarias
para denunciar cualquier intento de edulcoración de la sentencia por
parte del gobierno y del lobby bancario.
Además, llama mucho la atención el silencio clamoroso que ha
producido la sentencia en tasadores, notarios y registradores de la
propiedad, copartícipes del abuso vil, cuando su misión era vigilar
por el equilibrio del proceso, porque buenos cuartos cobraban por
unos trabajos que cuesta mucho entender. Estos gremios tan oscuros
tienen que explicar mucho y bien a qué se dedican, cuánto cobran y
para qué demonios existen, cómo actuaron, quién los controla y si
son necesarios, cosa que tendrán que demostrar porque perdieron el
beneficio de la duda.
Lo que no plantea la sentencia es la dación en pago y los alquileres
sociales, objetivos que habrá que incluir en la nueva legislación
española. La justicia europea ha marcado un camino pero ahora nos
corresponde recorrerlo, hasta el final, con más movilizaciones y sin
renuncias.
Esta misma mañana, una vecina de nuestra ciudad, madre soltera en
paro para más señas, acude a una vista en los juzgados de
Guadalajara ante el abogado de Bankia (entidad quebrada y reflotada
con el aval de todos los ciudadanos) que pretende desalojarla de su
vivienda por aplicación de las cláusulas de un préstamo
hipotecario que va contra la legislación europea. Gracias a la
sentencia del Tribunal de Luxemburgo, el juez que ve el caso de
nuestra vecina tiene la posibilidad de paralizar el proceso de
desahucio y poner en su sitio al usurero, de una vez por todas. Que
así sea.
Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU
